Ley de Morosidad, pagos a 60 días como máximo

La Comisión de Industria del Congreso, está debatiendo esta semana la reforma de la Ley de Morosidad, estimando establecer que los pagos a empresas se realicen en un plazo máximo de 60 días, y 30 días el plazo máximo en que la administración deberá pagar a sus proveedores.

Hasta ahora, la ley española incluye una cláusula -denominada “acuerdo entre las partes”- que permite establecer plazos de pago superiores a esos 60 días, lo que en realidad es aprovechado por las empresas contratantes para retrasar los pagos a sus proveedores sin incurrir en ilegalidad. Y ya sabemos a que se refieren las empresas grandes cuando dicen “acuerdo entre partes”, o sea, cuando me de la gana.

Empresas del sector construcción, como Ferrovial, desde que empezó la crisis, pagan a las pequeñas empresas y autónomos a 480 días, y no desde la fecha de factura, sino cuando ellos la contabilizan, con lo que podríamos estar hablando de un aplazamiento cercano al año. No nos extrañemos de que miles de pymes y autónomos del sector hayan ido a parar al traste mientras las empresas contratantes siguen amasando beneficios.

CiU se muestra partidaria de establecer los 60 días como plazo máximo improrrogable. Sin embargo, el Gobierno estudia eliminar el “acuerdo entre partes” solo en las operaciones comerciales en las que intervengan pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Utilizando el baremo de pyme que rige en la UE (empresas de hasta 250 trabajadores), al final serían únicamente 2.000 empresas en España las que podrían ampliar plazos de pago y sólo cuando se trate de operaciones entre ellas.

En cualquiera de los casos, la aprobación de esta ley supondría un balón de oxigeno para las pequeñas empresas y autónomos, que a pesar de conservar un volumen aceptable de trabajo, se ven abocados a mendigar un préstamo que no necesitarían si les pagasen en tiempo y forma por su trabajo.

Posiblemente estemos ante una de las mejores reformas de las emprendidas para poner fin a esta crisis.