José Ignacio Fernández Rubio “la zorra a guardar las gallinas”

El alcalde de Guadarrama y diputado regional del Partido Popular, José Ignacio Fernández Rubio, el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente Miguel Rodríguez Bonilla y otros tres concejales populares fueron acusados ayer por el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación con consecuencias contra el medio ambiente.

Los tres acusados concedieron una licencia provisional de explotación para instalar un restaurante, El Molino del Rey, en suelo protegido con el único aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos. Además, el concejal de Urbanismo es administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde fue abogado y asesor de la misma.

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Quintana, considera que “todo apunta a que han puesto a la zorra a guardar las gallinas”. Según Quintana “ni el propio Enrique Porto, dimitido en su día por no ser un dechado de virtudes, se atrevió a recalificar un suelo protegido, tal como ha hecho el actual director general de Urbanismo, Raimundo Herráiz Romero”.

Para el portavoz socialista resulta “extremadamente llamativo que el concejal de Urbanismo fuera administrador de la empresa propietaria del restaurante que se construyó en el terreno recalificado, y lo que riza el rizo es que Fernández Rubio fuera abogado y asesor de esa misma empresa, que todo apunta a que el portavoz de la Comisión de Medio Ambiente es el padre, el hijo y el espíritu santo del restaurante El Molino de Guadarrama, para desgracia de la legalidad y del medio ambiente”.

“No es de recibo que en los últimos ocho años, Fernández Rubio recalifique un terreno, que sea acusado de prevaricación, que pida auxilio al entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, y que a pesar de la negativa de éste, finalmente, en octubre del pasado año, el actual director general de Urbanismo dé el visto bueno a las modificaciones para que Fernández Rubio intente salvar los trastos”, explica el portavoz socialista.

Con todo, Quintana considera que “es fundamental que se clarifique el posible delito que viene pergeñándose desde el año 2000, un delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 329.2 del Código Penal”.

José Quintana asegura que va a solicitar la comparecencia urgente de Raimundo Herraiz en la Asamblea de Madrid porque “sus responsabilidades se encuentran bajo la sombra de la sospecha al permitir una modificación a pesar de una acusación de prevaricación, que de confirmarse la actuación irregular del Director General de Urbanismo debería suponer su cese inmediato”.